Nos parece que serán muy pocos los colombianos en desacuerdo con la famosa frase que acuñó el presidente Uribe: "las drogas son el combustible que alimenta todas las guerras". Lo que cuenta para afirmar, con universal consenso, que por las drogas está sembrado el país de minas antipersonales; que por las drogas han sido secuestrados, robados a sus familias y después dedicados a la más humillante y atroz servidumbre, miles de niños y de niñas; que por las drogas se causan terribles atentados a nuestra infraestructura energética y petrolera; que por las drogas se atacan campos y ciudades y se han desplazado millones de campesinos; que por las drogas estallan bombas, se cometen masacres, se extorsiona y secuestra sin compasión.
A partir de esa especie de premisa mayor de estos raciocinios, no cabe duda que el país necesita una política sólida, firme y sobre todo coherente para eliminar o siquiera para sobrellevar este espantable flagelo. Por donde se subleva el alma al comprobar que no hay un campo de la vida social más plagado de equivocaciones y más fértil para las contradicciones y tonterías, que éste, el que debiera ser nuestro desafío capital.
Como las drogas son tan atractivo negocio, se organizan bandas armadas de todo tipo y cualquier sigla, que son las que ejecutan los actos dichos arriba y que de tal manera nos agobian, avergüenzan y comprometen. Y para contrarrestarlas, hemos organizado el mejor Ejército de América y disponemos de una Policía costosa y especializada, que en combatir la producción y el tráfico consume sus mayores energías. Eso significa que a la violencia que desatan las drogas oponemos un Ejército formidable, una Policía enorme y una parte sustantiva de nuestro poder judicial.
Hasta ahí andamos en territorio duro, mas al menos consistente. Pero viene la sorpresa: esas drogas malditas se vuelven permitidas y casi plausibles cuando llegan al consumidor final. Comprar drogas para consumirlas, tenerlas, transportarlas y usarlas, no constituye ninguna infracción. En el último eslabón de la cadena, que es el que explica todos los demás, el horror dejó de serlo, el aparato del Estado se vuelve neutro y el ciudadano hace lo que le da la gana.
Entre el cuento del libre desarrollo de la personalidad, y el otro, de que el que compra y consume droga no es un delincuente, sino un enfermo, naufraga toda la lucha contra el narcotráfico, que se justifica y estimula cuando es lícito que se haga aquello para lo que se siembre, cultiva, procesa, recoge, transforma, empaca y ofrece lo que vale tanto como para justificar las guerras.
Dicen algunos que confundimos la cuestión, porque no es lo mismo un gramo que una tonelada. Respondemos que es de aritmética elemental que las toneladas salen de los gramos y que se justifican en ese último comercio. Si faltasen los compradores, no habría sembrados, ni laboratorios, ni mafias, ni violencia en Colombia.
Hace ya mucho que dejamos de ser exportadores de cocaína y marihuana, para convertirnos en grandes consumidores. Con los efectos descritos y con uno adicional que para estos finales dejamos: el microtráfico, el de la compraventa de los gramos, es la causa de la violencia, la inseguridad, las pandillas que azotan las ciudades y pervierten nuestros jóvenes. Y no hay nada por hacer contra ese cáncer. Porque tiene protección legal y justificación moral en los argumentos que combatimos.
Se le vino el mundo encima a la Ministra de Justicia por hacer a propósito de las drogas sintéticas lo mismo que hacemos con las otras, sin escándalo para nadie. El número de las pepas de éxtasis que se puede uno meter al bolsillo, vale lo mismo que la cantidad de marihuana, coca o bazuco que se puede cargar y consumir sin riesgo de sanción. Si es una pepa o tres, lo mismo da. Porque se trata de consumar la incoherencia y de justificar la guerra, santificando el porte y consumo, en pequeña cantidad, de aquello que en kilos y toneladas es el gran enemigo. ¿En qué quedamos?