Si no fuera cierto parecería mentira lo que ocurre con los proyectos de acuerdo presentados por la administración municipal de Manizales ante el Concejo. El Ejecutivo llama a extras a la corporación para que discuta cinco proyectos, de los cuales la mayoría se queda a mitad de camino. La deficiente argumentación es la mayor falencia en casi todos, pero el caso más patético resulta ser por el que se pretende vender un predio que, supuestamente, es del Municipio, pero del que no aparece el certificado de tradición. Más bien parece un mal chiste.
Ayer, a última hora, se aprobó el proyecto que autoriza la venta total o parcial de las acciones que el Municipio tiene en el Frigocentro S.A. (49,73 %), para el cual los concejales pedían más argumentos técnicos y financieros. Aunque la iniciativa ya fue aprobada, no tiene mucha presentación que justamente cuando esa entidad empieza a alcanzar su punto de equilibrio se piense en vender. Ojalá que el trabajo que desarrolle la firma de banca de inversión que será contratada arroje cifras que sean beneficiosas para las arcas municipales. También se aprobó ayer la adición presupuestal de $29 mil millones para este año.
Para hoy solo queda la discusión del proyecto que radicó la Personería Municipal, y que pretende la aprobación de la nivelación de la escala de salarios de ese organismo. Se trata, en verdad, de una iniciativa de relleno que bien podría haberse tramitado para las primeras sesiones ordinarias del próximo mes de marzo. Así que el balance de las primeras extras de este año es deprimente.
El jueves la situación fue crítica en el Concejo, cuando la administración tuvo que retirar el proyecto para vender un predio cerca de la Universidad Autónoma, porque sencillamente dicho predio carecía de matrícula inmobiliaria propia, lo que lleva a cuestionar acerca de la seriedad en el manejo que se le está dando a la información de los bienes municipales. No es la primera vez que se presentan tales inconsistencias, por lo que el tema necesita de una revisión a fondo que aporte soluciones definitivas.
También tuvo que ser retirado el proyecto que se refería a la actualización de tarifas de servicios de tránsito, ya que los concejales se negaron a tramitar una iniciativa cuyos argumentos jurídicos eran débiles. Se hundió, además, el que buscaba autorizar la compra de las mejoras en algunos predios de la Comuna San José para poder continuar con la construcción de la Avenida Colón. En un tema tan importante para la ciudad, como este último, la administración no puede darse el lujo de llevar a debate asuntos que no estén suficientemente sustentados.
Le hacemos un llamado al alcalde Jorge Eduardo Rojas y a los miembros de su gabinete para que revisen muy bien sus proyectos antes de presentarlos a discusión en el Concejo. Resulta absurdo que ocurran cosas como las que vimos esta semana, más cuando el llamado a sesiones extras le representa al erario cerca de $62 millones 500 mil en los gastos de honorarios de los concejales. No pueden admitirse más improvisaciones, pues errores como estos ya se habían cometido hace un año en las primeras sesiones ordinarias, cuando gran cantidad de las iniciativas fueron devueltas por deficiencias técnicas y jurídicas.
Ojalá sean ciertas las palabras del secretario general de la Alcaldía, Juan Carlos Gómez, y para próximas ocasiones no nos veamos en líos similares. Detalles como estos le restan credibilidad a la administración, se pierde tiempo valioso en discusiones estériles y se despilfarran recursos públicos que son sagrados y cuya inversión debería servir en realidad para generar beneficios a los ciudadanos.