EFE | LA PATRIA | Bogotá
157.840 víctimas del conflicto armado interno colombiano fueron indemnizadas en 2012 por el Gobierno con 912.522 millones de pesos (unos 502 millones de dólares) y otros servicios sociales.
Así lo anunció ayer la directora de la Unidad Administrativa Especial para la Reparación Integral a las Víctimas del Gobierno, Paula Gaviria, en la entrega de resultados del primer año de vida de la entidad, que nació como una herramienta para aplicar la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras.
Gaviria señaló que la meta era hacer 110.000 indemnizaciones, lo que se cumplió en octubre pasado.
"Por consiguiente ampliamos la meta y reparamos a un total de 157.840 personas", anotó, de las que 81.327 cuentan con un "plan individual de reparaciones" diseñadas por ellos mismos con el fin de sentir que realmente avanza su proceso de recuperación.
La reparación contempla una compensación económica por los daños sufridos, un respaldo psicosocial y un acompañamiento para la rehabilitación de las víctimas.
En 2012 la Unidad entregó a los beneficiarios 912.522 millones de pesos (unos 502,37 millones de dólares), una cantidad que Gaviria ubicó entre las más generosas de los procesos de indemnización del mundo.
Sin embargo, advirtió que el gran reto en el cumplimiento de la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras es "la articulación entre las diferentes instancias" e incluso admitió que algunas entidades del Estado "no están colaborando con el proceso" de la norma.
La Oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de Naciones Unidas en Colombia se refirió en el informe anual presentado hace una semana a esta Ley, y determinó que la unidad debe simplificar los procedimientos para que las víctimas puedan ejercer sus derechos.
Además, denunció que los reclamantes de tierras y las víctimas son objeto de amenazas de lo que denominaron "grupos post-desmovilización", en referencia a las bandas que se rearmaron tras la desarticulación de los paramilitares de las Auc a partir de 2005.
En este sentido, Gaviria expresó el deseo de "afinar" la relación con la Fiscalía, a través de la Unidad Nacional de Protección, para que "nada les pase" a "las víctimas que han alzado su voz y han empezado a participar en procesos que trae la Ley".
La Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, sancionada por el presidente colombiano, Juan Manuel Santos, en julio de 2011 y en vigor desde enero de 2012, reconoce y compensa a las víctimas y a sus familias con medidas administrativas, sociales, judiciales y económicas, individuales y colectivas.