EFE | LA PATRIA | BUENOS AIRES
El expresidente argentino Carlos Menem (1989-1999) fue condenado ayer por un delito de contrabando agravado de armas a Croacia y Ecuador entre 1991 y 1995, por el que puede afrontar una pena de hasta 15 años de prisión.
La resolución, adoptada por la Cámara Federal de Casación Penal, revoca un fallo absolutorio dictado hace dos años por un tribunal de primera instancia del fuero penal económico, y le pide al mismo tribunal que fije las penas para Menem, de 82 años, y el resto de condenados en este caso.
Las leyes argentinas prevén penas de cinco a 15 años de prisión por el delito de contrabando de armamento, aunque Carlos Menem, que no acudió a la sala para escuchar el veredicto, cuenta con fueros parlamentarios, dado que ocupa actualmente una banca en el Senado, con mandato hasta diciembre de 2017.
Los jueces también condenaron como coautores de contrabando agravado de material bélico a quien fuera ministro de Defensa de Menem, Óscar Camilión, y a Diego Palleros, quien estaba sindicado como presunto traficante de armas.
El tribunal de alzada absolvió al exasesor presidencial y excuñado de Menem Emir Yoma, a Enrique de la Torre, exdirector de seguridad Internacional de la Cancillería argentina, y a Mauricio Musí, exdirector de coordinación empresarial de la Cancillería.
El abogado Ricardo Monner Sanz, quien inicialmente denunció el caso, dijo hoy a medios locales que los condenados tienen ahora la posibilidad de presentar un recurso extraordinario ante la Corte Suprema.
El caso
Durante el Gobierno de Carlos Menem se exportaron 6 mil 500 toneladas de armamento destinadas oficialmente a Panamá y Venezuela, pero que en realidad fueron desviadas a Croacia, en 1991, en pleno conflicto de la antigua Yugoslavia, y a Ecuador, en 1995, en medio de un enfrentamiento bélico con Perú por un antiguo litigio limítrofe, pese a que Argentina era uno de los países garantes del Tratado de Paz entre ambos países. En conjunto hubo varios embarques marítimos a Croacia y tres aéreos a Ecuador, con armamento procedente de Fabricaciones Militares y de unidades del ejército. Quien primero denunció el caso fue el periodista Daniel Santoro, del diario Clarín, de Buenos Aires.