COLPRENSA | LA PATRIA | Bogotá
El delegado de la Procuraduría General le solicitó ayer al Consejo de Estado dejar en firme la investidura del representante a la Cámara liberal Simón Gaviria.
La petición se dio dentro del proceso que se le sigue al presidente del liberalismo por presunto tráfico de influencias y por supuesta destinación indebida de dineros públicos.
Para el Ministerio Público, los hechos que el demandante le endilga al parlamentario son contrarios a la realidad, "se constató que no reposa ningún documento, solicitud, acto administrativo, ni resolución relacionada con el otorgamiento de licencia alguna al doctor Gaviria Muñoz".
Y es que según el abogado Eduardo Carmelo Padilla, quien demandó la investidura de Gaviria en 2011, el congresista solicitó una licencia de paternidad a la vez que habría pedido que su salario le fuera cancelado.
Frente a lo anterior, el órgano de control indicó que "no se encontró ninguna resolución por la cual se concediera licencia de paternidad al representante a la Cámara, igualmente se constató que no había tenido ninguna inasistencia injustificada a las sesiones de plenario o a la Comisión Tercera".
"Considera el Ministerio Público que el representante no solicitó, ni se concedió, ni disfrutó de la licencia de paternidad, tampoco dejó de asistir injustificadamente a sesiones y menos con ocasión del nacimiento de su hija. Como no existe ninguna prueba es innecesario abordar el estudio para determinar si se considera la causal de pérdida de investidura, porque la demanda carece por completo de respaldo probatorio y no deja de ser meras conjeturas".
Por otra parte, le solicitó al Consejo Superior de la Judicatura investigar al abogado Padilla Hernández por considerar que la demanda contra Gaviria es temeraria y los hechos allegados son contrarios a la realidad.