COLPRENSA | LA PATRIA | Bogotá
Por lo menos a corto plazo no habrá decisión sobre el caso que por supuesta inhabilidad se le sigue al gobernador de Caldas, Guido Echeverri.
En Semana Santa habrá receso del Consejo de Estado, que estudia la apelación del mandatario luego de que el Tribunal Administrativo del departamento anuló, en primera instancia, los actos de su elección.
Según se pudo establecer durante las últimas dos semanas, los magistrados de la Sección Quinta de la corporación judicial no se han podido reunir
porque la magistrada Susana Buitrago, quien integra el quórum, se encuentra por fuera del país.
Por otra parte, esta semana se conoció que el magistrado Mauricio Torres Cuervo, quien hace parte de la discusión de la demanda contra el mandatario de Caldas, presentó su carta de renuncia.
Sin embargo, su retiro se hará efectivo el próximo 16 de mayo, por lo que el quórum para adelantar la discusión estará completo hasta que se lleve a cabo el mencionado retiro.
Hay que recordar que la Sección Quinta, integrada por cuatro magistrados, tiene una vacante hace cerca de dos años, después de que salió Nohemí Hernández.
Es decir en la actualidad hay tres, Mauricio Torres, Susana Buitrago y Alberto López, quien es le ponente del proyecto de fallo.
Algunos datos
1.
El 3 de julio del 2012 el Tribunal Contencioso Administrativo de Caldas declaró la nulidad de los actos que eligieron al gobernador de Caldas, Guido Echeverry.
2.
La razón: su esposa, Ana María Jaramillo, ejerció como secretaria de Hacienda encargada en la alcaldía de Manizales durante el año previo a la elección.
3.
Las demandas las interpusieron los abogados Pilar Rosario Ruiz Castaño y Carlos Arturo Clavijo Aguilar, quienes argumentan que Echeverri no podía aspirar al puesto, y menos ocuparlo, porque su esposa se desempeñó en dos ocasiones como secretaria de Hacienda encargada de Manizales dentro del año anterior a la elección (del 8 de octubre al 3 de noviembre del 2010, y del 2 al 7 de febrero del 2011).
4.
La abogada Ruiz Castaño argumenta en su demanda que la esposa de Echeverry “ha intervenido en contratación del municipio de Manizales, es decir, ha desempeñado funciones que de una u otra forma pueden inducir al elector a la toma de una decisión política”. Esto lo sustenta con la participación que la funcionaria tuvo en un proceso licitatorio de finales de 2010.