COLPRENSA | LA PATRIA | BOGOTÁ
Luego de tres meses de tire y afloje, el Gobierno, la Agencia Nacional de Minería (ANM) y la minera Cerro Matoso llegaron a un acuerdo con el que, dicen, se beneficiarán a todas las partes.
Según informó la ANM, con la actualización de este contrato, el país y las regiones recibirán ingresos por $11 billones, en los que se incluyen el pago por concepto de regalías, impuestos y compensaciones adicionales.
La licencia actual (Contrato 051), que le permite a la empresa operar en la mina de níquel a cielo abierto más grande del país, se vence en el 2029 y la legalidad de esta fue ratificada hace tres meses por el Consejo de Estado.
En las constantes reuniones se analizaron las variables para que la actividad de explotación de níquel dejara mejores compensaciones para el Estado, la comunidad y la misma compañía.
Detalles
Tras la nueva negociación Cerro Matoso S.A., que pertenece al grupo internacional BHP Billiton, deberá hacer una inversión social directa a la comunidad por más de $18 mil millones en los próximos tres años, además de una inversión mínima obligatoria de $4 mil 400 millones durante cada año.
Este dinero deberá ser invertido en los municipios de Montelíbano, San José de Uré, Puerto Libertador y La Apartada (Córdoba).
Para el ministro de Minas y Energía, Federico Renjifo, esta es una buena noticia para el país, pese a que dicho contrato que recae sobre la mina a cielo abierto más grande del país ha sido criticado por varios sectores a nivel nacional.
“El contrato se extiende hasta el 2029 con la posibilidad de una prórroga por un periodo adicional de 15 años más, son condiciones muy favorables para el país. Este contrato puede tener ingresos por más de 5 mil millones de dólares, lo que es una buen buena noticia para todos. El Consejo de Estado ratificó que el contrato está vigente hasta el 2029, las condiciones económicas fueron las que cambiamos en favor de la Nación”, explicó el jefe de la cartera de Minas.
Según Renjifo, los puntos acordados fueron que las regalías subirán hasta en un 14 %; se estableció una cláusula de licencia social, la cual implica una inversión anual de 2 millones de dólares en la región, y finalmente se acordó una inversión, por una única vez, de 10 millones de dólares en una obra de planeación que impacte en la región.
Otras voces
Para el representante a la Cámara y uno de los principales opositores de la prórroga del contrato en Cerro Matoso, David Barguil, indicó que el anuncio emitido ayer por el Gobierno es una inocentada.
“Hoy (ayer) es 28 de diciembre, preciso cuando están todos los reflectores apagados el Gobierno toma una decisión de esa magnitud, me parece equivocado, que eso tenía que hacerse cuando el Congreso estuviera ejerciendo”, manifestó el representante.
Por eso anunció que en los primeros días de enero le solicitará a la Contralora General, Sandra Morelli, y al Procurador General, Alejandro Ordóñez, una reunión para conformar una mesa de trabajo y realizar una serie de actuaciones conjuntas al rededor del tema.
Sin licencia ambiental: Contraloría
La Contraloría General sentó su posición frente al tema. En el documento, el órgano de control fiscal aclara que no entrará en debates con las entidades sujetas a su auditoría, pero anuncia que tiene la certeza absoluta que Cerro Matoso no cuenta con una licencia ambiental en los términos que establece la Ley 99 de 1993, por lo cual indica que “la Contraloría no entiende por qué no se procedió con el trámite contemplado en el ordenamiento jurídico hoy vigente en Colombia para obtener licencias ambientales”.
“Las consecuencias jurídicas en torno a las decisiones frente al contrato escapan a la esfera del órgano de control fiscal y se sitúan en el ámbito de la Procuraduría General y los jueces de la República, por lo que mal haría esta entidad en alimentar polémicas que con fuerza de autoridad ejerzan aquellos que tengan legitimidad para hacerlo”.
La Contraloría concluye que “nunca ha estado ni participó en los procesos de negociación de prórrogas o condiciones al contrato de Cerro Matoso tal como fue presentado en los medios de comunicación por la presidencia de la Agencia Nacional Minera”.