Tres civiles muertos, dos personas secuestradas y dos dirigentes regionales amenazados son hechos recientes ocurridos en zona rural de los municipios de Río Iró y Nóvita (Chochó), en donde hay fuerte presencia de la guerrilla del Eln.
Así lo denunció hoy la Defensoría del Pueblo al señalar que se trata de hechos violentos ocurridas entre el 4 de noviembre y el pasado 2 de diciembre. Esto ha provocado la suspensión de importantes obras de infraestructura para los habitantes de ambas localidades.
En inmediaciones de la bocatoma del acueducto de Santa Rita de Iró, se produjo un accidente con una mina antipersonal que ocasionó graves lesiones al ciudadano Luis Orteliano Sánchez, de 36 años de edad, quien perdió una de sus extremidades inferiores como consecuencia de la explosión.
Ante la imposibilidad de una asistencia oportuna, por cuenta de los controles que ejerce el Eln en esa parte del territorio nacional, campesinos y vecinos se organizaron para acudir en auxilio de la víctima, produciéndose un hecho aún peor, pues en el camino estalló otro artefacto que ocasionó la muerte de los civiles Otoniel Pérez Mosquera y Migdonio Pérez Mosquera.
Además, como no fue posible atender a quien en principio resultó afectado por la activación de las minas antipersona, también se produjo el fallecimiento del señor Orteliano Sánchez.
En la vereda Brujitas del municipio de Río Iró, fue secuestrado el trabajador Héctor Euclides Orjuela, contratista de la administración municipal para las obras civiles de construcción de la vía que comunicará a Condoto y Santa Rita de Iró, pues actualmente la única forma de llegar a uno y otro lugar es por vía fluvial.
Tanto el plagio del operario como las amenazas que ha proferido el Eln contra las personas que contratan con la alcaldía de Río Iró, provocaron la suspensión de los trabajos, que aún hoy permanecen estancados.
Cuatro días después, fue secuestrado el líder político y comerciante Marino Ibargüen, en momentos en que se desplazaba entre las poblaciones de Nóvita e Itsmina, situación a la que se suman las amenazas proferidas a finales de la semana contra el Personero de Nóvita, Haydin Valencia Copete (quien cuenta con un chaleco antibalas y un celular como elementos de protección), y contra el alcalde electo del mismo municipio, Deyler Mosquera.
Ante esta cadena de hechos violentos, la Defensoría del Pueblo llamó la atención de las autoridades y reclamó explicaciones al Eln. Esto, además, coincide con el acto público de perdón que precisamente se llevará a cabo este domingo en memoria de las 119 víctimas de la masacre de Bojayá, ocurrida el 2 de Mayo de 2002 durante enfrentamientos entre las Farc y los grupos paramilitares