El presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, declaró ayer "objetivos de alto valor" para las fuerzas de seguridad del Estado a "quienes amenacen o asesinen" a víctimas y a líderes de restitución de tierras.
Santos hizo este anuncio durante la entrega de unas 280 hectáreas de tierras a 60 familias de campesinos de la emblemática Hacienda Santa Paula, que usurparon mediante "métodos ilegales, amenazas y asesinatos", ubicada a una hora de la ciudad de Montería, capital de Córdoba.
Y se refirió en concreto a la muerte del líder comunitario del municipio cordobés de Valencia, Ever Antonio Cordero, "una persona conciliadora, dedicada a ayudar a las víctimas en el proceso de restitución de tierras", que fue asesinado cuando organizaba actividades para el Día de las Víctimas, que se conmemoró el martes.
Este "es el segundo asesinato en las últimas dos semanas que afecta a líderes de tierras en Valencia", según denunciaron ayer las Naciones Unidas.
En esta ofensiva contra los grupos o los individuos que amedrentan a víctimas del despojo de tierras, Santos anunció "recompensas altas" y pidió la colaboración de la comunidad.
El presidente lideró la ceremonia de entrega de un terreno que según recordó "era de propiedad supuestamente del clan Castaño", los hermanos Fidel, Carlos y Vicente, fundadores de las Auc y quienes "se hicieron con ellas con métodos totalmente ilegales".
"Donde mandaban los asesinos vuelven los campesinos", enunció el mandatario ante unos 400 jornaleros congregados en una carpa en medio de la extensa llanura de la finca Santa Paula.
Con subsidios
Durante el acto, los campesinos beneficiarios recibieron los papeles de sus tierras para ejecutar la sentencia dictada el pasado 13 de febrero por el Tribunal Superior de Antioquia, pero el Gobierno se comprometió además a entregarles subsidios de vivienda por unos $ 5 millones y para procesos productivos por $ 34 millones.
Los hermanos Castaño hicieron acopio de tierras en Córdoba, y tras acumular varios lotes hicieron una donación de 120 parcelas de la Hacienda Santa Paula a campesinos, como una contribución social a través de su Fundación para la Paz de Córdoba (Funpazcor), que fue desarticulada después .
Pero después de entregar las escrituras, el clan exigió a los campesinos que entregaran parte de sus ganancias e hicieran un determinado uso del suelo, con presiones que acabaron en una expulsión de los campesinos de los terrenos que les habían cedido, a cambio de una cantidad de dinero.
El fallo considera que las ventas de estos terrenos se hicieron bajo presión, y por eso anula los negocios jurídicos de compraventa efectuados hace más de una década.