El fiscal Delgado ante la Corte Juan Vicente Valbuena le imputó los delitos de concierto para delinquir, peculado, interés indebido en celebración de contratos y cohecho al contratista Julio Gómez, por el ‘carrusel de contratos’.
En la diligencia que se adelanta ante el juez 65 de Garantías, el Delegado del ente investigador indicó que el contratista incurrió en el delito de concierto para delinquir cuando buscó apropiarse de la contratación de algunas entidades distritales.
Esta conducta se habría materializado mediante la realización de reuniones con Álvaro Dávila, Emilio Tapia; así como con Manuel, Miguel y Guido Nule.
“Gómez era uno de los organizadores y promotores del acuerdo común, prestó su apoyo para que el ex Samuel alcalde Moreno ocupara su cargo. Y contactó y colaboró al grupo Nule para que con éxito lograran licitaciones de Bogotá”, indicó Valbuena.
Por su parte, el delito de peculado por apropiación le fue imputado a Gómez por la ejecución de la fase III de TransMilenio y por los contratos de malla vial de la capital del país.
“Hubo un acuerdo entre Cosco S.A con el grupo Nule para que a través de ofertas mercantiles se sustentará un dinero que no fue invertido en obras como la Calle 26 ocasionando una pérdida del anticipo”, aseguró el fiscal.
El contratista también recibió cargos por interés indebido en la celebración de contratos. Esto por los presuntos acuerdos llevado a cabo entre la exidrectora del IDU Liliana, Inocencio Meléndez y otros funcionarios.
“Gómez logró que se calificara a la unión temporal Trasvial de Grupo Nule para que se le adjudicara el contrato 137 de 2007”, indicó el fiscal en su intervención.
En cuanto a la conducta de cohecho propio el delegado fiscal dijo que Gómez aceptó la promesa remuneratoria a favor de funcionarios públicos, lo cual se convirtió en un acto de corrupción y de vulneración de la administración pública.
El contratista quien había sido condenado luego de lograr un preacuerdo con la Fiscalía a cinco años de cárcel, deberá ser procesado nuevamente luego de que el Tribunal Superior de Bogotá declarara la nulidad de todo el proceso, dejando así sin piso la sentencia.