Alejandro Ordóñez Maldonado se posesionó el pasado martes para su segundo periodo como Procurador General de la Nación. Su reelección estuvo envuelta en un halo de polémica, debido a que desde meses antes de su escogencia en el Congreso de la República, tenía ya asegurada la continuidad de acuerdo con los respaldos manifestados por los distintos partidos políticos con bastante anticipación, por lo que los otros dos nombres en la terna fueron considerados simples rellenos.
Se le criticó que nombrara en importantes cargos en la Procuraduría a familiares de congresistas (a los mismos que debe investigar) y de magistrados (que lo postularon nuevamente al cargo y que tienen la tarea de vigilarlo), lo que podría incidir en el trabajo que lidera en el Ministerio Público. Sin embargo, Ordóñez ha sido enfático en que mantendrá su independencia, la misma que ha desplegado hasta ahora en sus distintas actuaciones, ante todo en su cruzada en contra de la corrupción, sobre la cual se han logrado innegables avances en los años recientes.
Ese es un asunto que todo el mundo reconoce, y que el propio presidente de la República, Juan Manuel Santos, puso en primer plano durante el acto de segunda posesión, al señalar que durante el primer periodo de Ordóñez fueron descubiertos focos de corrupción en la salud, la educación y los impuestos, entre otros. Frente a eso, el jefe del Ministerio Público se comprometió a profundizar su lucha y a lograr que los procesos caminen a un ritmo más rápido, para que las sanciones a los funcionarios no les sigan llegando cuando ya se han retirado de los cargos públicos.
Qué bueno sería que los casos que están pendientes en Caldas, también ganaran en agilidad, para que se den pronunciamientos de fondo y se establezcan, si es el caso, las sanciones correspondientes. Son varias las situaciones en este departamento que están a la espera de ser aclaradas por el ente disciplinario, que si bien no son tan importantes como otros casos de impacto nacional que maneja ese despacho, sí merecen que se resuelvan lo antes posible.
Durante su nuevo periodo será interesante ver cómo avanzan los temas relacionados con el aborto, el matrimonio gay y la eutanasia, a los cuales se ha opuesto en forma radical el alto funcionario. Algunos, inclusive, aseguran que las creencias religiosas de Ordóñez se han ubicado por encima de su deber de actuar imparcialmente frente a la sociedad y de cumplir los mandatos de la ley, a lo que él responde que sus posiciones son las mismas de la mayoría de los colombianos, por lo que no cederá ante presiones de minorías.
Hay que destacar el acompañamiento y respaldo que el Procurador manifestó en su posesión frente a los diálogos de paz que se realizan en La Habana (Cuba) entre el Gobierno y las Farc. Resulta valioso que advierta que estará vigilante sobre los acuerdos que se logren, para que pueda alcanzarse una paz real, en la que las instituciones no estén amenazadas y que cumpla con los anhelos que tienen los colombianos.
La corrupción, ese monstruo que amenaza por todos los lugares a nuestro sistema democrático, es el reto principal que debe enfrentar el procurador Ordoñez. Si bien ha dado muestras de que no le tiembla la mano para imponer sanciones en muchos de los casos que ha enfrentado, también es cierto que la oportunidad debe ser elemento fundamental en sus decisiones. De poco sirve suspender y sancionar a funcionarios corruptos cuando ya están por fuera del servicio público.
Independientemente de la labor desarrollada por Ordóñez, resulta fundamental que se debatan los mecanismos que intervienen en la elección de procurador, para evitar que en el futuro se repita la situación de que quienes lo eligen son los mismos a los que él debe investigar. Eso es algo perverso que no puede pasar sin que se establezcan reglas más coherentes que blinden el cargo ante cualquier tipo de manipulación de poderes. Este punto debe hacer parte, inclusive, del enfoque de prevención que Ordóñez quiere darle a su lucha contra los corruptos.