Durante la reunión del G20 que se realizó a comienzos de noviembre pasado en México, a la cual fuimos invitados por el anfitrión, tuve la oportunidad de discutir con los ministros de hacienda de las economías más importantes del mundo los efectos que las políticas de los países desarrollados están teniendo sobre Colombia y el resto de los países en desarrollo. En particular les mostré cómo las políticas ambientales, fiscales y monetarias están impactando las vidas de grupos de población vulnerables en nuestro país y me referí específicamente al caso de los caficultores de Colombia para ilustrarlo.
En el primer caso, los efectos del cambio climático se han visto reflejados en fuertes alteraciones de los regímenes de lluvias en años recientes, los cuales afectaron severamente la productividad cafetera del país y exacerbaron problemas sanitarios como la roya. En segundo lugar, las crisis fiscales por las que atraviesan buena parte de las economías desarrolladas han imprimido un alto grado de incertidumbre en los mercados, que se han traducido en un aumento en la volatilidad de los precios internacionales de las materias primas, incluido el café, sin que guarden relación directa con los fundamentales del mercado de cada producto. Por último, las políticas monetarias expansionistas que han adoptado las economías desarrolladas han desatado una guerra de monedas que ha resultado en una apreciación del peso colombiano respecto del dólar y otras monedas, que reduce el ingreso de los productores de bienes exportables.
En este contexto, los caficultores del país se ven afectados por condiciones climáticas y de mercado que se encuentran por fuera de su control, aumentando así su vulnerabilidad y dificultando la sostenibilidad de un negocio que, de acuerdo con los pronósticos de la oferta y demanda mundiales, debería tener un futuro promisorio en los años venideros.
No obstante, reconociendo que no podemos quedarnos cruzados de brazos ante las dificultades por las que atraviesa el sector, es necesario aclarar que el gobierno nacional viene haciendo esfuerzos muy importantes para apoyar la política cafetera. Durante el año 2011 se destinaron recursos del Presupuesto General de la Nación (PGN) por más de $314 mil millones de pesos para apoyar directamente a los caficultores, mientras en 2012 se comprometieron cerca de $304 mil millones, un monto sin precedentes en la historia reciente y que demuestra el compromiso del gobierno nacional con este importante sector económico y social. Estos recursos, de común acuerdo con el gremio, se han enfocado en cuatro líneas de acción: i) Recuperación de la producción, por medio de los programas de renovación de cafetales y los apoyos a la fertilización de los cultivos; ii) Innovación en variedades adaptadas al cambio climático y sus efectos, a través de la investigación de Cenicafé y la transferencia de tecnología (Servicio de Extensión Cafetera); iii) Desarrollo de instrumentos para la gestión de riesgos, como el seguro de cosechas y el Contrato de Protección de Precios; y iv) el Apoyo al Ingreso del Caficultor. Este último se aprobó en el Comité Nacional de Cafeteros con el fin de dar un apoyo transitorio de $60 mil por carga de café, el cuál demandará recursos por $78.800 millones de pesos del PGN hasta el 31 de enero de 2013.
Estos esfuerzos se han traducido en una recuperación paulatina de la producción cafetera, que obedece a la entrada progresiva de cafetales renovados en los últimos 3 años a su ciclo productivo, situación que ha coincidido con un mejor clima en las zonas cafeteras tras el fin del Fenómeno de La Niña. Si bien la recuperación del volumen de producción se da en un contexto de precios internacionales volátiles e inferiores a los niveles registrados en 2011, todavía se observan precios relativamente altos en términos históricos. En esa medida, las mayores productividades por hectárea ayudarán a mejorar los ingresos de los productores, reduciendo los costos unitarios de producción y mejorando la rentabilidad de la caficultura.
Complementariamente, la reforma tributaria recientemente aprobada contiene algunas disposiciones que ayudarán a reducir los costos de producción agropecuaria en general, y cafetera en particular. Resaltaría la reducción del IVA para algunos insumos del sector, así como para el café tostado y liofilizado, lo cual estimulará la demanda interna que aun tiene mucho espacio para crecer. De otra parte, la sustitución de los parafiscales asociados con el SENA, el ICBF y la salud significarán una reducción de los costos de contratación que beneficiará especialmente a los caficultores empresariales y demás actores de la cadena del café.
De esta manera el gobierno del presidente Santos viene honrando su compromiso con un sector de singular importancia para el país mediante la financiación de una agenda de corto, mediano y largo plazo. Cualquier ajuste a estas políticas deben discutirse en el marco de la institucionalidad cafetera donde tienen asiento el gobierno y los representantes democráticamente elegidos por los cafeteros, reconociendo los esfuerzos que todos los actores vienen haciendo y respetando las limitaciones fiscales y los criterios de equidad que siempre deben acompañar estas decisiones.