COLPRENSA | LA PATRIA | Bogotá
El Estado colombiano podría quedarse en los próximos días sin defensa ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, donde es juzgado por la desaparición de 11 personas durante la retoma del Palacio de Justicia en 1985.
Así quedó planteado ayer tras conocerse las desavenencias entre el actual agente del Estado colombiano, el jurista Rafael Nieto Loaiza, y la directora de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado (ANDJE), Adriana Guillén.
Las diferencias entre ambos no habían trascendido a los medios, y se conocieron cuando se filtró un aparte de la contestación que hizo Nieto Loaiza a la CIDH, en noviembre pasado, en el que advierte que “no hay pruebas contundentes” sobre la desaparición de 11 personas en la recuperación del Palacio.
Sobre este particular, Guillén advirtió que “se están conciliando algunos aspectos” con Nieto, pues la funcionaria dijo que es necesario “reorientar” la estrategia de defensa de la Nación ante la Corte, algo con lo que el jurista no está de acuerdo.
En primer lugar, Guillén explicó ayer que “no se pueden desconocer” algunas decisiones sobre la investigación por la toma del Palacio de Justicia.
En particular, la funcionaria se refirió a temas como las sentencias administrativas del Consejo de Estado que ordenan indemnizar a las víctimas; la labor que realizó la Comisión de la Verdad que integraron tres expresidente de la Corte Suprema de Justicia, y que aunque no tiene valor penal, sí permitió una aproximación a la verdad de lo sucedido.
También insistió la directora que la defensa va aceptar ante la Corte que “hubo, al menos dos, desapariciones comprobadas” -la guerrillera Irma Franco y el magistrado Horacio Urán-; y que se insistirá en que el Estado “no tuvo qué ver” con los demás desaparecidos.
Inclusive, la directora de la ANDJE considera que la estrategia debe estar orientada a que al margen de si las personas están desaparecidas o no “el Estado reparó” de forma pecuniaria a las familias de las víctimas del Palacio.
“En la audiencia y en los alegatos de conclusión el Estado colombiano va a reconocer toda la actuación de la justicia colombiana”, agregó Guillén, pero advirtió que aunque el agente contratado por el Estado “es autónomo para fijar la línea de defensa, la ANDJE interviene cuando ve que la línea de defensa hay que ajustarla a puntos específicos. En eso estamos”.
No ha cambiado la línea
El abogado Rafael Nieto Loaiza dijo que fue la propia directora de la ANDJE quien “aprobó personalmente la línea de contestación de la defensa en el caso del Palacio de Justicia”. El jurista reiteró que no ha cambiado la línea de defensa que había diseñado su antecesor, el abogado Augusto Ibáñez, con quien venía trabajando en la estrategia que llevarán ante la CIDH.