El alcalde de Bogotá, Gustavo Petro, se equivocó con su transición improvisada en el esquema de recolección de basuras, y demostró que es peor administrador que crítico de la administración pública. Aunque el objetivo de bajar el costo del servicio a los usuarios es acertado, la determinación misma y su estrategia para ponerla en práctica ha sido una cadena de equivocaciones que no resiste la más mínima defensa. Los bogotanos hoy están sufriendo las consecuencias de un arrebato de poder que nos da nuevas lecciones a los colombianos.
Los entes de control y de investigación tienen que reaccionar ante el esperpento. Ya la Fiscalía General de la Nación anunció una investigación para determinar si el mandatario incurrió en alguna falta penal, pero la Contraloría y la Procuraduría encontrarán, seguramente, que hubo detrimentos al erario y que se cometieron faltas disciplinarias. Los contratos que se firmaron y se siguen firmando tienen que ser revisados con lupa y analizar las repercusiones que tendrán hacia el futuro. También habrá que estudiar las consecuencias ambientales de la falta de recolección de los desechos en varios sectores de la capital.
La decisión de traer 25 compactadores usados de los Estados Unidos, cuyo ingreso al país aún no ha sido legalizado también tiene que estudiarse con rigor. Su apariencia de chatarra y sus elevados costos de arrendamiento ($24 mil millones) también tendrán que ser tomados en cuenta, pues salta a la vista que en dicha negociación hay olores nauseabundos, aún peores que los dejados por las toneladas de basuras que se quedaron varios días acumuladas en cientos de esquinas de Bogotá.
No es responsable con el manejo de los recursos públicos que se eche a caminar un sistema de recolección y manejo de las basuras que luego tiene que reversarse para llamar a los mismos que poco antes eran calificados como corruptos. Lo ocurrido con la recolección de desechos en la capital colombiana evidencia el manejo caprichoso de lo público, sin estudios que sustenten las decisiones y que sí ponen en riesgo no solo el erario sino la misma salud y calidad de vida de los ciudadanos.
Así el alcalde Petro venga ahora a reconocer que hubo errores en la transición
que pretendió, dicha actitud no puede opacar la arbitrariedad de un alcalde que no es la primera vez que actúa desconociendo la realidad, y pasando incluso por encima de normas que lo obligan a la prudencia. Ojalá que haya aprendido de esta amarga experiencia para que en el futuro piense antes de actuar y no se deje llevar solo por impulsos que terminan siendo contraproducentes para todos. Si no lo hace, es muy posible que quienes quieren revocarle el mandato encuentren el respaldo necesario para lograr ese fin.
Lo más triste es que, además de que la ciudadanía en general ha resultado perjudicada por la improvisación del alcalde, tampoco los recicladores, ni los carretilleros, ni ninguna de las personas de bajos recursos económicos a los que el mandatario dice proteger con sus decisiones, se han beneficiado con el cambio. Más bien han sido las más perjudicadas. Así que a Petro le esperan todavía grandes retos para enderezar el camino en esta materia, y a pesar de que todo se logre normalizar llevará ya por siempre el estigma de ser el alcalde que logró hacer retroceder a Bogotá 30 años en solo dos días.