Al hacer un balance de cómo comienza el 2013, con respecto a las investigaciones que los entes de control adelantan en contra de quienes hasta hace poco ocuparon los cargos del poder público en la región, como alcaldes o gobernadores, se observa que actualmente la Fiscalía tiene pendientes 44 procesos penales en contra de 17 exalcaldes de municipios caldenses y del exgobernador Mario Aristizábal Muñoz.
Lo preocupante es que las investigaciones en esos casos no avanzan al ritmo que se requiere, y apenas tres han logrado llegar a la etapa de juicio, mientras que otros 23 expedientes han sido archivados por no haber reunido las pruebas suficientes. Los restantes asuntos siguen a paso de tortuga, al punto de que muchos de los implicados ni siquiera saben que tienen todavía procesos abiertos en el ente acusador.
Gran parte de estos casos nacieron hace varios años, debido a denuncias de ciudadanos. De éstos, como mencionan algunos funcionarios vinculados, un porcentaje considerable es autoría de opositores políticos y calificados por eso como venganzas que no terminan en nada. Sin embargo, esa no es la razón generalizada de los hechos que se investigan, muchos de los cuales surgieron de situaciones que reúnen elementos suficientes para poder afirmar que tuvieron una intención malsana.
Cualquiera que sea el caso, la lentitud con la que avanzan los procesos generan consecuencias para nada deseables, tanto para los implicados como para la ciudadanía, que espera rápidas respuestas. Los que saben con claridad que no son responsables de lo que se les acusa no logran zafarse del señalamiento y ven truncadas sus actividades en buena medida, por lo que siendo inocentes resultan castigados. Al mismo tiempo, quienes se saben culpables buscan dilatar y torpedear las investigaciones, haciendo que los casos terminen archivados. Lo grave es que estos últimos son los que ganan con la inacción de la justicia.
Lo que ocurre en la Fiscalía es similar a lo que pasa en la Procuraduría, en cuanto a la agilidad en las indagaciones y en la imposición de sanciones. Son numerosos los procesos que están allí desde hace varios años sin que se note que haya acciones concretas. Una muestra es que la destitución al exgobernador Mario Aristizábal y la de varios de sus secretarios por las presuntas irregularidades en la compra de unos vehículos oficiales llegó a finales del año pasado, cuando ya hacía un año que había salido del poder.
En el Ministerio Público también figuran otros siete casos en contra de Aristizábal, entre ellos el relacionado con la rebaja en las transferencias al sector de la salud por cerca de $9 mil 323 millones, hecho por el cual también es investigado por la Contraloría General de la República. Muchos exalcaldes están en la misma situación, sin que se les defina claramente si son merecedores de sanción o no, y los ciudadanos se mantienen con el malestar de ver que sus denuncias no avanzan casi nada.
Si se quiere lograr que los ciudadanos vuelvan a creer en la justicia, y que consideren que los entes de control no son nidos de burocracia y corrupción, es necesario que haya dinamismo en ellos, que las investigaciones avancen con rapidez y que las sanciones se den cuando los funcionarios aún estén en ejercicio, no cuando ya se han ido a disfrutar de lo que les han dejado sus manejos amañados de los recursos públicos. De otra manera, la incredulidad en la justicia seguirá creciendo.