Tener un "estigma" es tener una señal o marca. Etimológicamente la palabra significa "picadura", pero suele ser usada como sinónimo de un signo distintivo negativo. Por eso se dice que quien tiene una enfermedad muy grave está "estigmatizado", queriendo decir que es distinto de los demás.
Recientemente la Corte Constitucional se pronunció para proteger a los estigmatizados por antecedentes penales (Sentencia SU-458-12). Unas personas que habían sido condenadas por algún delito y que ya habían salido de prisión, no pudieron conseguir trabajo porque en el documento que registraba su pasado judicial decía "registra antecedentes, pero no es requerido por la autoridad judicial". La Corte consideró que el que los empleadores pudieran conocer los antecedentes penales de estos individuos es una barrera para que ejerzan el derecho al trabajo y ordenó a la autoridad que expide los certificados (antes el DAS, ahora la Policía) modificarlos para que no registren los antecedentes.
De ahora en adelante, si una persona ha estado en la cárcel y purga su condena, el "pasado judicial" no podrá dar cuenta, precisamente, de su "pasado judicial". Simplemente dirá que esa persona "no tiene asuntos pendientes" con las autoridades. Ya no es un certificado sobre el pasado, sino sobre el presente.
Esta decisión que acaba de tomar la Corte es polémica y aborda un problema de difícil solución: ¿una persona que ha cometido delitos tiene derecho a que sus faltas sean olvidadas, a borrar su pasado y recuperar el tiempo perdido?; ¿Qué ocurre con los empresarios que -con todo el derecho- quieren saber todo acerca de las personas que van a contratar?
Es claro, por ejemplo, que la sociedad estaría de acuerdo en que Víctor Alfonso García -el condenado a 4 años por ‘tocar las nalgas’ de una mujer en la calle- tiene derecho a borrar sus "antecedentes penales" para que pueda conseguir trabajo después de haber cumplido su pena. ¿Pero qué pasa con alguien que haya cometido un crimen mucho más grave?; ¿No tiene derecho un empleador a saber que está contratando a alguien con un pasado sombrío? En un país como Colombia, con alta criminalidad, no saber los antecedentes judiciales de alguien puede llegar a ser algo gravísimo.
En un estudio reciente (http://bit.ly/Zvvlsa) se mostró cómo las bases de datos públicas con los antecedentes criminales de los ciudadanos tienen dos efectos contrarios: por un lado, tienen el efecto positivo de incitar a los jóvenes que no tienen antecedentes penales a que no delincan (no quieren que su nombre aparezca en una base de datos pública). Por otra parte, tienen el efecto negativo de fomentar la criminalidad de quienes sí tienen antecedentes penales porque, al estigmatizarlos e impedirles que consigan un empleo, se les lleva a reincidir en el crimen.
Lo ideal sería encontrar un punto medio en el que los individuos potencialmente peligrosos nunca estén libres para hacer daño a las personas y que la sociedad acepte a quienes tienen antecedentes penales y efectivamente los "incluya" dándoles trabajo, etc. Pero la realidad es muy distinta. Lo cierto es que, con un sistema carcelario como el colombiano, es bastante dudoso que los presos se regeneren. Este es uno de esos problemas sociales que no parecen tener una solución clara.