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LISET ESPINOZA
LA PATRIA | MANIZALES
María Nubia Echeverry vivía hace un año con sus hijos en un terreno de la calle 53B con carreras 5 y 6 del barrio Solferino de Manizales, pero a las 4:00 de la mañana de ayer 150 policías, incluido el Esmad, la desalojaron por invadir esa ladera.
La medida incluyó la demolición de cambuches construidos por ella y por al menos 20 familias más, que también ocupaban ilegalmente la zona. Mientras ella observaba cómo el carro compactador de Emas trituraba lo que alguna vez fue su techo, comentó que llegó de Medellín desplazada por la violencia y que desde hacía un año habitaba allí porque no tenía dónde vivir.
"Ayer (miércoles) nos dijeron que nos iban a tumbar los ranchos. No sé cuántas personas más vivían aquí porque empezaron a construir el lunes. Sostengo a mi familia trabajando en la Galería, y pidiendo conseguí la madera para hacer la casa. No tengo dónde pasar la noche", dijo.
El problema
María no tenía permiso para asentarse en ese terreno, pero hizo diligencias para que le instalaran el alcantarillado. Según otro habitante, había por lo menos 30 cambuches construidos por personas que, según él, tienen casa, pero que al ver que a María le conectarían el servicio exigieron también la instalación.
Juan Carlos Barrera, secretario de Medio Ambiente, explicó que la ladera es de protección por alto riesgo de deslizamiento y por eso dieron trámite a su restitución. "Los operativos de inteligencia con la Policía comenzaron el miércoles a las 8:00 de la noche. Alrededor de 60 personas ocupaban 20 viviendas y además ellos tienen casas acá cerca. Lo que buscan es que se les valide una ocupación ilegal".
Agregó que los invasores fueron notificados de esta medida y que algunos se fueron voluntariamente, pero otros se opusieron.
Otros invasores
Gloria Patricia Guayacán vivía con sus dos hijos y nietos e invadió porque la casa en donde pagaba arriendo la vendieron. "Mis hijos están sin trabajo y no tenemos para dónde echar. Vivía ahí hace cuatro meses. Por ahora mandaremos las cosas a donde mi mamá", dijo.
Agregó que no fue notificada del desalojo y que estaba despierta cuando llegó la Policía, la cual, según ella, hizo las cosas decentemente.
Janet Sáenz es otra invasora y llegó a Manizales de San José de Guaviare, víctima del conflicto armado. Sin tapujos expresó que por cuarta ocasión ha invadido terrenos ilegalmente.
"Siempre dicen que como desplazados van a acomodarnos, pero no nos dan una solución. En la Defensoría del Pueblo me dieron una carta como autorización para habitar aquí mientras buscaban qué hacer con nosotros. La primera invasión la hice hace 14 años en Comuneros y he estado en las pasadas, acá en Solferino. Aquí llevaba ocho días", indicó.
Luz Adriana Pilla es cuñada de Janet y también fue desalojada. Expresó que compró madera porque contaba con el permiso para habitar la ladera, también dado, al parecer por la Defensoría.
Yazmín Gómez Agudelo, Defensora del Pueblo Regional Caldas, expresó que no sabe qué documento tiene la señora y que la Defensoría no es la autoridad competente para indicarle a una persona que habite una ladera.
"Nosotros no fuimos a ese desalojo porque estábamos en La Dorada. Ni idea de dónde proviene el documento", recalcó.
Antecedente
El secretario de Medio Ambiente recordó que está ladera ya había sido invadida y que en esa oportunidad también hicieron un proceso de restitución. "Por aquí pasa la quebrada Rosa María. En años anteriores hubo un deslizamiento provocando pérdidas humanas, por eso desalojamos rápido para evitar poner en riesgo la vida de las personas", argumentó.
En noviembre del año pasado un fallo del Tribunal de lo Contencioso Administrativo de Caldas decidió que el Municipio y Corpocaldas debían indemnizar a la familia de un habitante de Solferino que murió en ese deslizamiento debido a que el terreno se desestabilizó.
Según este Tribunal, no se puede hacer ningún llamado de atención al Municipio por haber dejado invadir de nuevo esta zona, ya que la función de la entidad terminó con la sentencia y reparación. Agregó que no imponen multas por desacato, pero que si se tratara de una Acción Popular sería diferente porque contaría con un pacto de cumplimiento y un comité de verificación, que ayuda a que se lleve a cabo.
Una vez las autoridades dejen la ladera como estaba, a María Nubia, Janet, Luz Adriana y demás afectados solo les resta buscar ayuda entre los vecinos del barrio para que, por lo menos, les den posada a sus hijos, mientras se rebuscan un lugar en donde pasar la noche.
Con la Policía
Mario Fernando Guerrero, comandante de la Policía Metropolitana de Manizales, dijo que el objetivo del desalojo fue preservar la vida de las personas, debido a que el lote ocupado generó, en años anteriores, la muerte de personas que quisieron ubicarse en él. "Nadie sufrió agresiones físicas, y creo que también entendieron que este no es le mejor lugar para vivir".